La discusión que hubo en Diputados y la que transcurrió hasta anoche en el Senado pincelaron un panorama desolador en el Congreso: muy pocos legisladores y funcionarios nacionales están en condiciones de opinar con argumentos del tema. Detrás, aparece un horizonte aún más preocupante, con la propuesta del kirchnerismo de eliminar la posibilidad de subrogancias con magistrados jubilados.

El sendero del debate se inició en diciembre pasado con la denominada ley de “solidaridad” -festín de emergencias, impuesto y congelamiento de jubilaciones- que envió el Gobierno y sancionó en un raid de 72 horas. La oposición le remarcó el “olvido” sobre regímenes especiales, denominados por algunos sectores como de “privilegio” -jueces y servicio exterior, por ejemplo-, y el oficialismo ahora apuró un proyecto light que dejó sin postura clara al antikirchnerismo, en especial, al macrismo.

Durante el plenario de ayer a la tarde, Moroni aseguró que en los dos regímenes en cuestión sobresale “un nivel de prestaciones” no acorde con el régimen general de jubilaciones y un déficit que aumenta todos los meses. “No es una reforma agresiva, pero tiene que haber una relación entre el haber y la contribución”, dijo el ministro.

Minutos más tarde, informó que la jubilación promedio de un magistrado es de $280.000, y que el déficit para este año es de $9.200 millones, contra haberes del régimen general de “veinte y pico mil pesos y un 65% que están en la mínima”. También resaltó los cambios sobre el promedio que se hará de los haberes de jueces sobre los últimos 120 actualizados y la suba gradual de la edad, entre otras cuestiones.

Por su parte, el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, recordó cuando se derogaron los regímenes poscrisis 2001 en la Argentina y su posterior veto, y señaló que el déficit previsional en jubilaciones de jueces podría reducirse hacia el 40% el primer año y hasta el 72% en 2040, y remató: “El 5% de los jubilados se lleva el 25% de los fondos totales”.

Quien hizo manifestaciones políticas con tinte económico fue Vanoli. El funcionario apuntó a gastos en seguridad social que cayeron desde 2017, un aumento acelerado del déficit de la ANSeS, la caída del 52% en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el “deterioro” en jubilaciones mínimas en los últimos dos años de macrismo al frente del poder.

“Estamos de acuerdo con la dirección general del proyecto, pero deja sabor a poco y no termina de resolver cuestiones solidarias o de reducción del déficit”, manifestó el radical Martín Lousteau, quien además puso en debate el olvido en las jubilaciones otorgadas para la rama de la construcción, Río Turbio, aeronavegantes y Luz y Fuerza.

Pese a las idas y vueltas con respecto a la postura del macrismo, Lousteau sí expresó una cuestión que se mantiene muy en silencio en Casa Rosada y en el Congreso. “Ahora tenemos 180 días para la reforma totalidad del régimen. Convendría mirar como un todo el sistema; si no, caemos siempre en los mismos errores”, sostuvo el legislador radical.

“Nosotros preferimos hacer una reforma prudente porque no es un tema matemático y estamos sujetos a decisiones de los jueces. Con respecto a los regímenes diferenciales, algunos tienen justificaciones históricas y podemos discutir si son acertadas o no. Son especiales por desgaste, hay múltiples motivos y otros son históricos”, respondió Moroni, quien luego aclaró que la intención del Ejecutivo no es “expulsar jueces”.

Antes de sugerir la habilitación para la firma de los dictámenes por “viajes” que tenían pendientes algunos legisladores, el jefe del kirchnerismo en el Senado, José Mayans, disparó: “Ustedes preguntan por el déficit, por qué esto y lo otro. Caímos, tuvimos que ‘reperfilar’. Lo ‘hicimos mierda’, como dijo -el expresidente Mauricio- Macri”. De nada sirvió la exposición, ya con la mitad de los invitados al inicio del plenario, de representantes de magistrados, servicio diplomático y sindicalistas como Julio Piumato.

Fuente: ámbito.com