Las economías en desarrollo tienen una estructura dual. Esto es, hay un sector moderno con mucha inversión en infraestructura, tecnología, equipamiento y capital humano, y, en paralelo, otro sector más atrasado en el que la infraestructura es decrépita, la tecnología artesanal, el equipamiento obsoleto y bajos niveles de capital humano. El primero, es el sector formal. El segundo, el informal.

En Argentina, se estima –a grandes rasgos– que aproximadamente el 65% del PIB sería formal y el 35% informal. En términos de empleo, los que trabajan en la parte formal son los profesionales y técnicos independientes, los asalariados privados registrados y los empleados públicos; los que trabajan en la parte informal son los cuentapropistas de baja calificación, los asalariados privados no registrados y el servicio doméstico. Esto hace que el 55% de los ocupados esté en empleos formales y el 45% en los informales.

Adviértase que si en la formalidad está el 65% del producto y el 55% del empleo, mientras que en la parte informal está el 35% del producto y el 45% de los empleos, el sector formal tiende a tener mayor productividad que el informal.

Esta es un conformación estructural y no cambia con factores coyunturales, como podría ser una bonanza de precios internacionales, como la que ocurrió entre 2004 y 2012, o una lluvia de inversiones, que nunca sucedió. Porque, en definitiva, la bonanza o la lluvia de inversiones tiende a colocarse en el sector formal de la economía.

Es por eso que los economistas que estudian el desarrollo hablan de que para lograr una economía que tienda al 100% formal hace falta un “cambio estructural”. Buscando en qué consiste ese cambio estructural, es como los economistas se rompen la cabeza y no encuentran respuestas, al menos, unificadas. Un interesante libro que es un clásico en la materia, con un recuento de lo que piensan los economistas al respecto, se llama “La elusiva búsqueda del crecimiento” de William Easterly, escrito en prosa y muy accesible al entendimiento de público no especializado en economía.

¿A qué viene esta reflexión?

A que cuando se está en una economía dual, es muy difícil –si no imposible– cambiar los planes asistenciales en empleos de calidad.

La razón es simple. Comparando el perfil educativo de la gente que recibe planes asistenciales con el de los que trabajan como asalariados registrados en empresas privadas surgen con claridad estos dos mundos paralelos: el formal y el informal.

El 45% de los asalariados registrados en empresas privadas tiene estudios superiores, mientras que los beneficiarios de planes asistenciales sólo el 4% tiene este nivel de estudio. En el otro extremo, de los asalariados registrados en empresas privadas sólo el 25% tiene la secundaria incompleta, mientras que entre los beneficiarios de planes asistenciales el 60% no terminó la secundaria.

Como se dijo al inicio, para entrar a la parte formal de la economía se necesita capital humano, que tiene como condición de base la educación formal, esto es, la escuela primaria, el colegio secundario y los institutos técnicos superiores o la universidad. Muchas veces se propone que para dar capital humano a los beneficiarios de planes hay que capacitarlos. La capacitación en oficios sirve, pero para desempeñarse mejor en la parte informal de la economía, no para abrir las puertas a la parte formal.

Por esta razón, la compartida aspiración de cambiar planes por empleos de calidad es una tarea de largo plazo. Básicamente implica que los hijos de los que viven del asistencialismo vayan a la escuela y aprendan. Para ello, hay que mejorar sustancialmente la calidad educativa en las escuelas estatales y garantizar que los niños y jóvenes asistan a ellas.

Para que vayan a la escuela, hacen falta dos cosas. La primera, modernizar el obsoleto método que usa la Anses para el control de asistencia escolar de la AUH (subir por internet una vez al año una foto del certificado correspondiente al año anterior emitido por la escuela).

El control de escolaridad lo debe hacer cada municipio contando con un sistema digitalizado de alerta temprana para actuar apenas un niño o joven entra en irregularidad. Con un sistema digitalizado, además, se podría publicar información sobre la gestión de cada intendente en el control de la escolaridad. Esto facilitaría a la comunidad el control social de lo que hace su intendente en materia educativa.

Lo segundo, es concientizar en la idea de que los menores no deben ser llevados a las marchas “piqueteras”. En este marco, se debería prohibir la presencia de menores en protestas reclamando por planes asistenciales, tal como se hace con la compra de tabaco, bebidas alcohólicas, la conducción de autos o el voto.

Fuente: El Economista